La auditoría DN18008 fue efectuada a la Cámara de Diputados, derivado de la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que abarcó las cuentas públicas 2015 a 2018, y que tocó cuatro meses de la gestión del nuevo gobierno, cuyo resultado número 34 determinó cerca de 40 millones de pesos desviados en el área de comunicación social conforme el informe de resultados de la fiscalización, en el que los auditores determinaron pagos ficticios mediante cheques que cambiaban en efectivo y eran entregados a los mismos funcionarios, personas no localizadas, domicilios irregulares y otros.