Lo interesante es que, con una muestra de 5,419 millones de pesos, se omitió fiscalizar lo fundamental: el ejercicio total de los recursos, dada su naturaleza de alto riesgo y que fueron erogados en 31 dependencias y entidades con una serie inacabable de irregularidades. A pesar de ello, omitieron auditar el monto total por 7,298 millones de pesos; tampoco aplicaron los procedimientos forenses idóneos y pertinentes, a pesar del conjunto de indicios y "banderas rojas" conocidas: dependencias con un sinnúmero de denuncias penales y pliegos de observaciones como la SEDATU, que ejerció en este rubro 300 millones de pesos, SEDESOL con 600 millones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 275 millones.